Entre los economistas, existe amplio consenso con respecto a que las políticas públicas deben tratar de reducir o eliminar los fallos del mercado. Pero según Acemoglu y Robinson, esta conclusión es a menudo incorrecta, porque ignora la política: las medidas bien intencionadas pueden inclinar aún más la balanza del poder político en favor de los grupos dominantes, y tener consecuencias adversas para los equilibrios políticos futuros. Así lo muestran una serie de episodios históricos, como la desregulación financiera estadounidense o la privatización de empresas en la Rusia postsoviética. Por tanto, los autores sostienen aquí que se deben identificar las condiciones en que política y economía entran en conflicto, y después evaluar las propuestas de medidas teniendo en cuenta tal conflicto.
