El poder de castigar es un poder trágico, pues protege amenazando y contiene la violencia mediante el uso de la fuerza. Halla su legitimación en la tutela de la vida, de la integridad y de la libertad de las personas, que en ausencia de prohibiciones legales y de una potestad sancionadora quedarían a merced de la ley del más fuerte. Pero inquiriendo, imputando, constriñendo y condenando quebranta esa misma inmunidad que guarda. Poder necesario y terrible, su ejercicio siempre puede degenerar en formas opresivas. Invocamos el poder de castigar para defender nuestra seguridad, pero ¿cómo defendernos de él? Montesquieu, padre de la moderna separación de poderes como garantía del principio de legalidad, se revela en esta relectura de su obra fundamental, Del espíritu de las leyes, como penalista que enseña cómo la libertad ciudadana depende de la bondad de las leyes penales: de la configuración de la esfera de los delitos, de la composición del arsenal de las penas, de la organización jurisdiccional y de las reglas del proceso. La lección política de Montesquieu inspiró a Cesare Beccaria, fecundó el debate ilustrado y contribuyó a la laicización, humanización y racionalización del sistema penal. En él cabe reconocer a un pionero del paradigma del estado de derecho y de la democracia constitucional como sistema de límites a los poderes salvajes.