Las víctimas de las violencias franquista y terrorista (y sus respectivas historias y recuerdos) constituyen una realidad viva. Sin embargo, no todas están igualmente tratadas ni reconocidas. La Ley de Memoria Democrática de 2022 trata de reparar esta injusticia, pero considera a unas y otras víctimas separadamente, lo que puede generar disparidades respecto a su legitimad institucional y social. Una diferenciación indeseada y espuria, porque no solo hay víctimas de ambos victimarios: franquismo y terrorismo, sino, sobre todo, porque sus perpetradores coincidían en el rechazo de la democracia, del Estado de derecho y del pluralismo social. La equiparación de trato a todos los efectos es necesaria para desactivar agravios y diferencias, y para propiciar una “memoria multidireccional” y compartida que asuma víctimas de diferente autoría, eficaz para construir la memoria cultural de una sociedad democrática. Por eso es preciso contrarrestar las diferencias de trato que todavía persisten entre las víctimas (y sus memorias): repararlas por igual, igualar sin confundir, comparar sin equiparar ni justificar, y así neutralizar la necesidad de los sectarios de enfrentar (y exculpar) unas violencias y unas víctimas contra otras.
